El acceso a la vivienda se ha convertido en un verdadero problema al que urge encontrar solución, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este derecho constitucional.
Y es que en el artículo 47 de la Constitución española de 1978 se expone que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Con una primera lectura de este artículo se hacen evidentes varias cuestiones que no se cumplen en nuestra sociedad, por mucho que la Constitución así lo mande.
La vivienda, que es de facto es un bien
de primera necesidad, en las zonas que se han denominado como “tensionadas”
ha pasado a convertirse en un bien para su especulación y maximización de
beneficios. Pero es que el derecho de la propiedad privada también
queda recogido en la misma Constitución, prevaleciendo este derecho, según
sentencia del Tribunal Constitucional, a de derecho a la vivienda.
El gobierno ha planteado limitar los precios del alquiler para evitar la especulación, una medida, que ya ha sido revocada por el Consejo General de Poder Judicial. Tampoco queda claro que esa medida sea la idónea para dar solución definitiva a este problema.
Pero veamos los sectores implicados en este asunto, ya que
si tenemos en cuenta a todos los afectados, todas y cada una de las partes
tienen su parte de razón.
Las “zonas tensionadas” tal y como se
han definido serían aquellas cuya demanda de vivienda supera la oferta, lo que
da pie a una subida de precios a los que mucha parte de la población no puede
acceder. Se centran en las grandes capitales y el litoral.
Como primeros afectados estarían las personas que se encuentran en búsqueda de
vivienda para residir, bien por emanciparse o por traslado de localidad. La
precariedad laboral, la inestabilidad en los empleos y los ajustados sueldos,
limitan poder acceder a una vivienda.
Los propietarios de vivienda, ejerciendo la libertad de poner el precio que consideren
oportuno a su propiedad, se esfuerzan, legítimamente, en sacar el máximo
rendimiento al inmueble y corriendo con los mínimos riesgos posibles. Se alude
en este sector, al miedo que genera alquilar una vivienda a largo plazo, por el
riesgo de impago, destrozos en la vivienda, etc., sumado que en las zonas
turísticas, se puede sacar un beneficio similar al que se obtendría por
alquilar anualmente que por alquilar los dos meses de verano. Este sector se
siente desprotegido por la legislación que, según ellos, protege al inquilino
en caso de impago.
Los inquilinos en viviendas de alquiler, ven como los precios son
demasiado altos, por lo que no les queda más remedio que dedicar un porcentaje
elevado de sus ingresos al pago de la renta. Estos se sienten desprotegidos
porque la ley no haga cumplir el artículo 47 de la constitución que he citado
anteriormente.
Otros de los afectados y parte del problema son las personas que al no poder acceder a una vivienda “okupan” una que se encuentra vacía, provocando miedo e inseguridad en el entorno donde llevan a cabo su acción.
La limitación de precios de una
propiedad privada confronta con los principios ideológicos del capitalismo
en los que se fundamenta nuestro sistema, sin embargo, durante la pandemia, se
han limitado el precio de mascarillas y test de antígenos sin que haya supuesto
un mayor problema, además ha sido una medida aplaudida por una amplísima
mayoría de la población (supongo que los fabricantes de mascarillas y test no
habrán quedado muy contentos).
Sin embargo, la limitación de
precios, en mi opinión, no pondría solución al problema, sino que por el
contrario abriría otro frente de “batalla” para la oposición y gobierno, además
de que no equilibraría la oferta y la demanda. Del mismo modo la ayuda
económica a jóvenes para el pago del alquiler, es aún más ineficaz.
El problema no es nuevo, y ya se han
puesto en marcha estrategias para darle solución en otros tiempos. Ya en 1887,
Friedrich Engels, publicó un pequeño libro titulado “Contribución al problema
de la vivienda” donde, tras analizar el problema de una forma más profunda de
la que yo acabo de hacer, propone varias alternativas:
La primera es la expropiación de las
vivienda de los acaparadores y su reparto a las personas que necesitan una
vivienda. Evidentemente en los tiempos que corren, esa solución, aunque estaría
protegida por la constitución en su artículo 128, no dispone de los mecanismos
para poder llevarse a cabo.
La segunda es que sea el Estado el
que construya un parque de viviendas suficiente para poder alojar a su
población, por un precio justo. Esta segunda medida, fue puesta en práctica en
Gran Bretaña tras la segunda guerra mundial, y desmantelada por el Gobierno de
Margaret Thatcher hasta hoy. Esta propuesta también es el germen de las
viviendas de protección oficial, o las viviendas públicas en régimen de
alquiler.
Las ayudas del plan de reconstrucción
que provienen de Europa tras la pandemia, son la inyección económica necesaria
para llevarla a cabo. Solo hay que tener el valor de hacerlo.
“El Estado se preocupará todo lo más de conseguir que las medidas de uso
corriente, con las que se obtiene un paliativo superficial, sean aplicadas en
todas partes de manera uniforme” F. Engels.
