El Estado es la única organización que tiene legitimado el uso de la violencia y para ello cuenta con una estructura lo suficientemente extensa como para abarcar todos los ámbitos en los que sea “necesario” el uso de la misma.
El Ministerio de Defensa en España cuenta con un importe de más de 12.000 millones de euros y el de Interior con más de 9.000 millones de euros. Estos dos ministerios dirigen la mayor parte de la fuerza coercitiva del Estado, contando con Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional. Del mismo modo estos cuerpos disponen de material e infraestructura de todo tipo para ejercer su función, desde buques, helicópteros, armamento… y su personal está entrenado para ejercer la fuerza en caso de necesidad.
Partiendo de estas premisas, la tragedia sucedida en Barbate, donde dos Guardias Civiles son asesinados por narcotraficantes que los arroyan con una lancha de mejores características que las que usa la Guardia Civil, no tiene ninguna explicación.
Otro tema a
tratar (que quizás lo haga en otro momento) son los motivos por los que en
ciertas zonas de España el tráfico de drogas es un “nicho de empleo”
consolidado, pero en esta ocasión analizo porqué un cuerpo que tiene acceso a
la más alta tecnología, los mejores medios y un entrenamiento especializado se
enfrenta en una clara desventaja con una banda cuyo fin es el traslado de
droga.
Durante el
último temporal, hemos podido ver un grupo de “narcolanchas” agrupadas para
protegerse del temporal sin que se actuara contra ellas. Estando prohibidas en
España, su sola presencia es motivo para que sean intervenidas, sin embargo la
impunidad con la que se mueven por nuestras costas es pasmosa.
Roberto
Saviano, en su libro “Gomorra” explica y demuestra como el narcotráfico ha
impregnado todas las capas de la sociedad, desde aquellos que invierten su
dinero en él, hasta los pobres que se ven arrastrados a participar en los
medios de distribución.
Si los medios de fomento del empleo en las zonas donde el narcotráfico está implantado, no funciona, si los medios coercitivos como las penas de cárcel a la que se enfrentan los que se dedican a la tráfico de drogas no son lo suficiente como para disuadirlos de dedicarse a ello, entonces los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (en este caso la Guardia Civil) debe de disponer de todos los medios a su alcance para poder desarticular la infraestructura de los narcos. A fin de cuentas son ellos los que libran la batalla en primera línea y en sus manos está librar nuestras calles del veneno que acabó con toda una generación en los años 80.
A las
fuerzas y seguridad del Estado, se les exige que tengan una respuesta
proporcional al riesgo en el que actúan, en el caso de Barbate si hubiera sido
así, no hubieran sido asesinados dos Guardias Civiles de la forma en que lo
hicieron.
Cuanta más
debilidad muestre el Estado en su lucha contra el tráfico de drogas más fuerte
se harán las organizaciones que se dedican a ella, no solo porque ganaran más
dinero con el que comprar voluntades y materiales, sino porque en la sensación
de impunidad del traficante residirá su fuerza para enfrentarse a aquellos que
deben defendernos, y si eso sucede perderemos todos.
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