El pasado día 7 de noviembre del
presente año, la Asamblea de Madrid aprobó con los votos de Vox, PP y C´s una
proposición no de ley instando al gobierno de España a la “ilegalización inmediata de los partidos separatistas que atenten contra
la unidad de la nación”. Esta propuesta que por su contenido y en la fecha
en que fue presentada no dejaba de ser un mero acto de postureo político, tiene una gran carga ideológica que deberíamos
analizar.
En primer lugar es puro postureo ya
que en el momento en que se aprueba la moción existe un gobierno en interinidad
que no puede tramitar leyes nuevas, encontrándonos a tres días de las
elecciones generales, con los resultados conocidos por todos a estas alturas.
En segundo lugar habría que afear a
estos partidos por utilizar las instituciones públicas para hacer campaña
electoral.
En tercer lugar, es una moción que
atenta contra todas las leyes fundamentales y acuerdos internacionales por los
que nos regimos, atenta contra: la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, la Constitución Española y la Declaración de los Derechos
Humanos, igualmente atenta contra los principios propios de un sistema
democrático.
En el caso de llevarse a cabo una ley
con el contenido que propone la Derecha española, abriría la puerta para la
ilegalización de todos los partidos que no estuvieran de acuerdo con su
estructura social, económica o estatal.
Sabemos que la asunción de los
preceptos democráticos no son el punto fuerte de los partidos de extrema derecha,
durante la propia campaña Ortega Smith, secretario general de VOX, amenazó con
la ilegalización del PNV, habiendo sido el PNV uno de los partidos
nacionalistas que han dotado de estabilidad tanto a gobiernos del PSOE como del
PP cuando ha sido necesario quizás, que el PNV sea un partido de derechas que
no ha estado implicado en casos de corrupción desorienta a la derecha
centralista para asimilar que comparten principios ideológicos.
Otra de las propuestas que la derecha
representada por Ciudadanos y Vox han expuesto durante la campaña es la
eliminación del Estado Autonómico y la recuperación de las competencias por el
gobierno central. Acabar con las autonomías además de volver a atentar contra
la Constitución Española, aumentaría la desigualdad entre el Norte y Sur
peninsular, ya que el reparto presupuestario volvería a quedar concentrado en
Madrid y las zonas industrializadas, paralizando la ya maltrecha recuperación
del Sur español. Puede que las autonomías deban ser revisadas en cuanto la
gestión de los recursos, pero su supresión sería condenar a las comunidades más
pobres al ostracismo y el atraso económico (aún más). Todos y todas los que
vivimos al Sur de la Comunidad de Madrid sabemos que es cierto.
Con su visión anacrónica,
fundamentalista y antidemocrática del Estado Español, estos tres partidos son
un verdadero peligro para la democracia cerrando los ojos a una realidad mucho
más heterogénea y diversa provocada por los movimientos socioeconómicos puestos
en marcha por la globalización.
Existen dos visiones de España y la
derecha propone una visión en blanco y negro.
“Lo que destruye a un país no es la transferencia de competencias
administrativas sino el que el 1% de la población tenga el 50% de la riqueza”
José A. Zorrilla.
