Andalucía, como es bien sabido por todos, es la puerta Sur a Europa, y como tal es paso “obligatorio” para la mayoría de las personas que intentan alcanzar el engañoso “sueño europeo”. Muchas de estas personas, son niños, principalmente marroquíes, que huyendo de la miseria y con el sueño de un futuro digno se juegan la vida para llegar aquí.
Con fecha del 2020 eran 2507
menores los que se encontraban tutelados en Centros de protección andaluces[1].
El derecho internacional, así como la legislación nacional obliga al Estado español dar cobijo y protección a estos menores hasta su mayoría de edad y para ello cuenta con una serie de recursos que facilitan la integración en nuestra sociedad y que dependen directamente de la Administración autonómica, en nuestro caso, la Junta de Andalucía. Entre estos recursos se encuentran los Centros de Atención Inmediata, Residenciales Básicos o los Centros de Inserción Sociolaboral, entre otros.
Cada uno de estos recursos tiene una finalidad
específica a trabajar con estos jóvenes y es responsabilidad de la propia
Junta de Andalucía asignar a cada menor al Centro que mejor pueda cubrir
sus necesidades. Y es en este punto donde se deja en evidencia la
importancia que se da por parte de la administración al bienestar integral
de los menores que deben ser protegidos por ley.
Los Centros de Inserción Sociolaboral, que son el tipo de recurso donde voy a centrar el artículo, tienen como objetivo facilitar a los menores la formación profesional así como una serie de prácticas pre-laborales y si es posible ayudarle a encontrar un empleo. Para poder cumplir con estos objetivos los menores asignados a estos recursos deben cumplir unos requisitos mínimos, como son: permiso de residencia y trabajo, dominio, aceptable, del idioma y tener cumplidos los 16 años. Para el cumplimiento de todos estos requisitos existen recursos como los Residenciales Básicos, sin embargo, la administración hace caso omiso a estos apartados y adjudica las plazas de los Centros obviando las características propias de cada menor, haciendo que la labor llevada a cabo en los recursos específicos como el que hablamos una labor titánica para poder cumplir los objetivos propuestos, y que por otro lado la propia administración les exige.
La llegada de menores que no poseen aun el permiso de residencia y trabajo o un conocimiento insuficiente del idioma imposibilitan que puedan integrarse en el mundo laboral con garantías de éxito, sumado a la lentitud del sistema para regularizar su situación, generan en estos menores situaciones de impotencia y frustración que se suman al enorme estrés que soportan por una historia de vida traumática y responsabilidades más propias de un adulto que de un adolescente. Como me dijo un menor hace unos días “todos tenemos historias diferentes, pero todas son la misma historia”.
Por supuesto, cuando los objetivos no
se cumplen es la propia administración la que “culpa” a los recursos
específicos o a los propios menores, obviando su propia responsabilidad,
por otro lado la prensa hace flaco favor cuando únicamente visibiliza a
este colectivo cuando se producen acciones violentas[2].
Para poder actuar con un colectivo, a
mí entender, lo primero que hay que hacer es conocer a ese mismo colectivo, visitar
los distintos recursos, conocer a sus usuarios, pedirles opinión a los
profesionales, sería un buen primer paso para comenzar a caminar en la
dirección correcta.
A fin de cuentas, España necesita su
mano de obra para poder mantener el sistema tal y como lo conocemos[3].
En manos de la Junta de Andalucía está usar las herramientas de las que dispone
de manera adecuada.
“Todas las luchas políticas son
luchas de clase (…) y todas giran en torno a la emancipación económica”.
Friedrich Engels.
