Reflexión sobre el asesinato de Belén Cortés, educadora en centro de protección de menores.
El pasado día 9 de marzo fue asesinada Belén Cortés, educadora en un “centro de menores” de la provincia de Badajoz. Esta noticia ha tenido una amplia repercusión por lo dramático del asunto y el tratamiento que los medios han hecho del tema vuelve a bascular entre el desconocimiento y el morbo. Una situación que se repite recurrentemente, cada vez que se trata una noticia relativa a los “centros de menores” y todo lo relacionado con ellos.
En primer lugar, me gustaría aclarar que
la terminología “centro de menores” es una terminología muy amplia que recoge el
gran abanico que engloba a las distintas tipologías de centros enmarcados
dentro de los dispositivos de protección y reforma, encargados de dar cobertura
a unos perfiles de menores de edad tan variados como tipos de centros
existentes.
Por no profundizar en este tema, del que
me ofrezco a explicárselo a todas aquellas personas que tengan interés en
conocer los distintos tipos de centros existentes, me centraré en el Centro en
el que trabajaba la compañera asesinada.
Por lo que se puede deducir de las
informaciones que han publicado los distintos medios de comunicación, el centro
se trataba de un Centro de Tratamiento Terapéutico con programa de Modificación
de Conducta. Este centro está destinado a dar servicio a distintos menores que
presentan conductas disruptivas, con el objetivo de dotarlos de herramientas
que le permitan un proceso de socialización normativo en el entorno en el que
vivan.
Generalmente son menores que no tienen habilidades sociales para resolver conflictos a través del diálogo, y utilizan la violencia (verbal o física) como recurso habitual, lo que les ha acarreado diferentes problemas a lo largo de su vida. Para ingresar en este tipo de centros es necesaria una derivación por parte del juzgado de menores o el sistema de protección de menores, que consideran que un recurso de medio-abierto puede ayudar a la reinserción social de estos menores.
La mayoría de estos centros (y los demás
también) están en manos de ONG´s o empresas de índole “social”, que se
presentan a las licitaciones que ofrece la administración pública.
La administración pública (la Junta de
Comunidad correspondiente, que es quien tiene las competencias en este sentido)
presenta un pliego de condiciones que deben cumplir estas organizaciones para
hacerse cargo del recurso a cambio de un precio.
En el pliego de condiciones que presenta
la licitación, viene definido, entre otras cosas: número de menores a los que
se les da servicio, plantilla mínima de trabajadores necesarios para cubrir el
recurso, especialidades de cada trabajador principalmente: director/a, psicólogo/a,
trabajador/a social, educadores/as sociales, integradores/as sociales así como
el importe que la organización cobrará por prestar el servicio y de cuya
cuantía dependen todos los gastos que genere el recurso, entre los que hay que
contar: alquiler del edificio, gastos de luz, agua, alimentación, personal,
ropa, material, etc.
Llegado a este punto, y habiendo
explicado el contexto residencial donde se produce el asesinato de la compañera
cabe hacerse una pregunta que los medios de comunicación no han tratado en
profundidad o han obviado directamente, si el recurso está destinado a menores
con problemas de conducta, que, generalmente, tienen respuestas violentas ¿por
qué estaba una educadora sola en el centro? ¿Qué responsabilidad tiene la
organización para la que trabajaba en la organización de los turnos de trabajo?
¿Qué responsabilidad tiene la Junta de Extremadura a la hora de establecer el
número de trabajadores para cubrir el servicio? ¿Quién asumirá
responsabilidades respecto a esto?
Es más que probable que, si Belén
hubiera estado acompañada por otro compañero/a, su muerte podría haberse
evitado.
Los principales responsables del
asesinato de Belén son los menores que lo han cometido, pero esta situación no
hace más que poner en evidencia la importancia que tiene para la administración
y empresas la seguridad de las personas que trabajamos en estos recursos ¿Quién
se hace responsable de nuestra seguridad?
Las personas que trabajamos en las distintas tipologías de “centros de menores” sabemos a qué nos enfrentamos cada vez que vamos a trabajar, la tipología de menores que están a nuestro cargo y sus características personales y sociales y son muchas las ocasiones en las que nos encontramos solos haciendo nuestro turno de trabajo, con una media de 16 menores por centro, con unas edades que oscilan, en la mayoría de las veces, entre los 14 los casi 18 años, en toda la plenitud física que corresponde a esas edades.
El asesinato de Belén debe de generar un
punto de inflexión donde los responsables de tomar las decisiones en relación a
los “centros de menores” sean conscientes de cuál es la realidad que vivimos muchos
de los trabajadores de este tipo de recursos, donde, generalmente, no pasa
nada, hasta que pasa.
“No
es en la resignación en la que nos afirmamos sino en la rebeldía frente a las
injusticias” Paulo Freire
