Muchos son los
que hablan del respeto a la Constitución de 1978 para legitimar el sistema
político actual, pero muy pocos los que exigen que ésta se cumpla. La
Constitución del 78 es papel mojado en manos de los poderes políticos y
económicos de nuestro país, a la que invocan, únicamente como un mantra, para
justificar todos los desmanes que están cometiendo contra el 99% de la población
española.
Después de
cuarenta años de dictadura franquista, se realizó un enorme esfuerzo de
entendimiento por parte de representantes de los españoles históricamente
enfrentados, en la que todas las partes tuvieron que ceder parte de sus
pretensiones a favor de una convivencia pacífica.
Cuarenta años
después, la derecha política y económica de España ha traicionado dicho
acuerdo, prostituyendo la Carta Magna, en beneficio de los sectores liberales
del país y abandonando a la clase trabajadora dejándola desprotegida
legalmente, a pesar de que la Constitución de 1978 vela por sus derechos,
convirtiendo a la Constitución en “Las Leyes de Principios Fundamentales del
Movimiento 2ª Parte”.
Para llegar a
esta conclusión únicamente es necesario analizar algún artículo de la
Constitución del 78, referido a la protección de la clase trabajadora, para ver
como en realidad no se ha llevado a cabo nunca y que además jamás se ha hecho
nada por que dicho artículo se cumpla.
Pongamos como
ejemplo el Artículo 35.1 de la Constitución Española, que dice textualmente:
“Todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a
la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón o sexo”.
La imagen que
evoca dicho artículo es la de un país con pleno empleo, donde todo el mundo
pueda tener la oportunidad de elegir la profesión que desea realizar en
igualdad de oportunidades.
Existen
palabras clave dentro de la redacción de dicho artículo para que podamos
hacernos esa imagen; cuando dice “… el
deber de trabajar…” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
la palabra Deber implica la obligación de hacer una cosa. La tasa de paro
actual demuestra que hay millones de españoles a los que se le impide poder
cumplir con su deber para con el Estado, y es el propio Estado el que se lo
impide contradiciendo su Ley Fundamental.
Otro ejemplo
sería “... a la libre elección del
trabajo…” es imposible poder acceder libremente al trabajo si no se tiene
las mismas oportunidades en la formación. Un reciente estudio de Caritas
demuestra cómo la pobreza es heredada y de cómo el fracaso escolar es
mayoritario en las clases más desfavorecidas de la población, sumado a la
dificultad de obtención de becas para estudios y de cómo éstas son claramente
insuficientes para llevar a cabo los estudios, podemos llegar a la conclusión
de que la elección del trabajo estará determinada por nuestra realidad
socioeconómica, no por nuestras capacidades, aptitudes y formación.
Continuamos ya
que este artículo constitucional no tiene desperdicio; “… promoción a través del trabajo…” es curioso que en España
únicamente el 26% de las mujeres ocupen cargos directivos, si la promoción
depende del trabajo, ¿quiere decir esto que las mujeres trabajan menos que los
hombres? O ¿lo hacen peor que los hombres? Ni mucho menos, esto es muestra del carácter
discriminatorio de la clase empresarial española donde las mujeres deben
demostrar mucho más que los hombres para poder promocionar en su trabajo, lo
que nos lleva a la última frase del artículo “… en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” es
evidente que la discriminación por razón de sexo es real.
Llegamos a mi
parte favorita del Artículo 35.1 “… una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…” partiendo de la
premisa de que para el Estado el salario mínimo que debe cobrar un trabajador
el de 655,20 €/mes en 14 pagas, este salario debería ser suficiente para poder
mantenerse él y su familia, según la Constitución Española, pero sin embargo la
realidad es bien distinta ya que, por ejemplo el precio medio de alquiler de
vivienda en España es de 741 € ( tomando como referencia el mes de mayo de
2016), muy por encima del salario mínimo, si además contamos con que el
trabajador/a debe, comer, pagar luz, agua, transporte, etc. El sueldo mínimo
interprofesional es a todas luces insuficiente para por mantenerse el
trabajador/a y mucho menos a su familia, si le sumamos la subida de impuestos directos
como el IVA, que dificulta la adquisición de productos básicos es del todo
imposible subsistir con ese salario.
Pienso que el
mayor acto revolucionario sería comenzar por hacer cumplir esta Constitución, y
poner en relieve todas sus contradicciones para terminar llevando a cabo un proceso
constituyente donde todos los que vivimos en España podamos sentirnos
identificados y protegidos por una legislación que vele por la mayor parte de
nosotros, no por una élite económica que saquea el país y se lleva sus
beneficios a paraísos fiscales.
El fracaso del
Régimen del 78, a mi entender, es evidente e irreversible, es hora de hacer un análisis
de logros y fracasos y comenzar una nueva etapa. Los sectores beneficiados por
este Régimen no van a permitir que esto suceda para poder seguir desangrando al
país (y por extensión a los trabajadores) por eso es importante la movilización
social que motive este proceso. Porque como dijo Ernesto “Che” Guevara “Si
el presente es de lucha, el futuro es nuestro”.
