Nadie discute
a estas alturas que el cuarto sector es uno de los pilares económicos de
nuestro país. Entendemos por cuarto sector, el sector económico dirigido a
cubrir las necesidades sociales, este sector se ha convertido en un nicho de
empleo importante para la economía, con un número de profesionales muy
variados, desde psicólogos, educadores, trabajadores sociales, terapeutas,
enfermeras, limpiadoras, etc.
Este trabajo
en sus inicios, era llevado a cabo por asociaciones, ong´s, fundaciones
sociales, etc., impregnadas por unos valores, una ética y ganas de mejorar la
sociedad que vivían, cubriendo las necesidades a las que no llegaba la
administración pública.
El cuarto
sector, es un sector económicamente deficitario, por una cuestión evidente, dan
servicio a los sectores más desfavorecidos, por lo que los programas que llevan
a cabo son propuestos por las administraciones públicas que al no tener ni
personal ni infraestructura suficiente proponen los proyectos para que sean
financiados a través de contrataciones o subvenciones.
Pero de un
tiempo a esta parte, han aparecido un número importante de empresas que se
dedican a dar este servicio, sustituyendo en las contrataciones a las
tradicionales organizaciones que anteriormente las llevaban a cabo, lo que ha
incidido en un empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales
que trabajan en este sector.
La principal
diferencia que existe entre una asociación (fundación, ong, etc.) y una empresa
es clara y legítima, la asociación no tiene ánimo de lucro y la empresa sí. Una
empresa se considera viable siempre que obtenga un mínimo del 20% de
beneficios.
Estos
programas sociales al salir a concurso, son baremados en dos líneas: proyecto y
coste económico, los proyectos pueden ser muy similares entre empresas y
asociaciones, y es en el coste económico donde se dirime la disputa, las
asociaciones y empresas que pretendan pagar un sueldo digno a sus trabajadores
con casi total seguridad perderán el concurso, que será ganado por aquella
empresa que licite un precio menor, como es evidente ninguna empresa se
presentará a gestionar un proyecto que le sea deficitario, por lo tanto el 20%
de beneficios saldrá de los sueldos de los trabajadores.
La ley de
estabilidad presupuestaria aprobada por el gobierno del partido popular, impide
que sean las administraciones públicas las que lleven a cabo estos programas ya
que son deficitarios y alto endeudamiento de estas administraciones les impide
ejecutarlas por ellas mismas.
Los resultados
son unas necesidades cubiertas con trabajadores, desmotivados, mal pagados, y
en muchos casos resignados a su situación, sin que haya una ley que obligue a
estas empresas a pagar un sueldo digno o al menos que todas las que compiten
por estos proyectos partan en unas condiciones de igualdad, donde las
condiciones económicas sean similares y sea el proyecto el que dirima el
“conflicto” donde todos los que se presenten se esfuercen en dar un servicio
excepcional pagando unos sueldos justos, obteniendo los usuarios unos
trabajadores motivados y bien pagados.
Evidentemente,
esta nefasta situación es posible
gracias a esta crisis-estafa que estamos padeciendo donde existe un nivel de
desempleo enorme, que hace que exista “recambios” para el que no esté dispuesto
a soportar ciertos niveles de “semi-esclavitud”.
La precariedad
laboral se ha institucionalizado en todos los sectores, al menos en los
sectores a los que podemos acceder las clases populares, hay otros sectores que
no conocen esa palabra, pero es triste que sea más evidente en el colectivo que
se dedica a cubrir las necesidades que no cubren las administraciones.
Salud.
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